"El pasado 7 de noviembre Integración Ciudadana realizó una presentación ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con el fin de que tome intervención frente a la problemática suscitada a partir de la pronunciación de diferentes instituciones reconocidas acerca de los daños ambientales que provocaría la ejecución de la obra de dragado hasta Cerri y la instalación de una planta regasificadora".
Los ediles agregaron que "la misma, que fue anexada a un expediente iniciado por la asociación ambientalista TELLUS, hacía alusión a la obligatoriedad de efectuar otra audiencia pública prevista por el Código de Agua para evaluar la probable afectación de cursos hídricos".
"Entre las respuestas esbozados por los diferentes organismos a los pedidos de informe de la Defensoría, la Autoridad del Agua se expidió indicando que se debería tramitar ante la misma la disponibilidad de agua y el permiso de vuelco de afluentes".
"Asimismo, informa que la empresa solicitó la demarcación de la línea de ribera, la cual indica un límite legal entre el dominio público (mar, curso y/o espejo de agua) y el dominio particular de un predio ribereño pero asegura que tomará intervención luego de la declaración del impacto ambiental por parte del OPDS".
Finalmente destacaron que "de acuerdo a la información proporcionada y a la fecha de su remisión por la Defensoría , aún no se ha recibido respuesta del Consorcio de Gestión del Puerto, que debía indicar, entre otras cuestiones, si “cuenta con estudios que estimen, en forma aproximada, los volúmenes de material a ser removidos, “qué disposición final se le dará al refulado“ y “si fue evaluado por el Consorcio el alto riesgo que conllevaría para la seguridad de la población, el emplazamiento del proyecto en una zona continental”.
Fuente: Café x Medio Digital
