La construcción de un gasoducto y una obra de dragado pueden poner en peligro a especies de una zona amenazada.
Recientemente se ha dado a conocer un megaproyecto por desarrollarse en Bahía Blanca, que comprende la construcción de un gasoducto y el dragado de apertura y profundización del Canal Principal entre Galván y Cuatreros. Ello implica la deposición de más de diez millones de metros cúbicos (unos 400 edificios de 40 pisos aproximadamente) de refulado o sedimento rocoso y barro en marismas y cangrejales, un ecosistema muy frágil donde habitan distintas especies de aves amenazadas.
Sin duda se trata de una obra que representa un grave riesgo para los ya degradados humedales costeros y un impacto irreversible sobre sus funciones ecosistémicas.
El estuario de Bahía Blanca constituye un área especialmente sensible, que, como bien ha sido reconocido por científicos y especialistas en la materia, brinda numerosos bienes y servicios ecosistémicos, como producción de alimento, regulación del régimen hídrico, fuentes de biodiversidad y fijación de contaminantes.
Además, se trata de un sitio costero donde los habitantes pueden desarrollar actividades recreativas, deportivas y observación de aves junto al mar. Paradójicamente en una ciudad sobre el mar, los espacios públicos han ido perdiendo su lugar frente al intenso desarrollo industrial.
La zona de Puerto Cuatreros es el hábitat utilizado por aves migratorias y especies en peligro de extinción como la gaviota cangrejera, el playero rojizo, el playerito canela y el burrito negruzco.
Esa zona es reconocida nacional e internacionalmente y fue declarada, junto al resto del estuario, Area de Importancia para la Conservación de Aves (Aicas). Fue identificada, además, como una de las 20 áreas prioritarias para la conservación de aves migratorias neárticas de la zona austral de América del Sur. Estas especies están protegidas en nuestro país por la ley 23.918 de la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) en su máxima categoría (Apéndice I). La Argentina es parte firmante y su autoridad de aplicación, la Cancillería de la Nación.
El dragado pone en riesgo el sitio donde millares de aves obtienen su alimento. Lo mismo ocurrirá si se pretende instalar industrias en los lugares donde se quiere volcar el refulado.
Se trata, entonces, de un proyecto riesgoso para el ambiente y también para los seres humanos por los múltiples accidentes que se han producido en buques regasificadores, en particular considerando la cercanía de la población de Cerri.
Sería deseable que las autoridades ambientales pusieran su mayor empeño en el análisis de los impactos ambientales del proyecto, dando lugar a que las universidades y organizaciones especializadas puedan acompañar el proceso a fin de evitar consecuencias irreversibles en el futuro. Está en juego un frágil y valioso patrimonio natural.
Fuente: La Nación
