Domingo Horacio Campaña, Eduardo Bambill, Aloma Sartor, Olga Cifuentes, Carlos Frank, Sergio Zalba y Daniela Escudero, son los siete académicos pertenecientes a la UTN local que a pedido del Defensor Público Federal realizaron un informe respecto del proyecto de dragado e instalación de una planta regasificadora de Gas Natural Licuado en la zona de Puerto Cuatreros.
Al igual que lo que señala un informe similar elaborado por la Universidad Nacional del Sur, el grupo de investigadores de la Tecnológica, sostiene que el lugar elegido no es el adecuado, pero además cuestiona el modo en el que se realizaron los estudios previos a la elaboración del proyecto.
Por caso, sostienen que “el análisis de prefactibilidad a nivel del estuario completo es un requisito indispensable para una evaluación realista de la viabilidad ambiental del proyecto”, y agregan que “el proyecto bajo análisis ignora las conclusiones de los procesos de planificación participativa desarrollados en el ámbito de la ciudad de Bahía Blanca durante los últimos quince años”.
El informe firmado por miembros de la UTN asegura además que “restringir el análisis a las obras de dragado y a la infraestructura de muelles y planta regasificadora resulta completamente insuficiente. El análisis de viabilidad ambiental no puede excluir la consideración del impacto global de la construcción de un centro de actividad industrial y portuaria que trasciende en escala y complejidad las actividades propuestas en el proyecto de regasificación y que, inevitablemente, seguirá a la apertura del canal y al establecimiento de tierras para asentamiento de infraestructura”.
Los firmantes del informe, concluyen su argumentación diciendo que “la magnitud del impacto previsible y la existencia de alternativas que a priori parecen compatibles con la protección de la integridad del estuario y con parámetros sostenibles de crecimiento, llevan a esta comisión a advertir firmemente que la localización de este proyecto en el sitio propuesto es inadecuada, considerando tanto los aspectos ambientales, como la propia sustentabilidad de la operatoria, ordenamiento y crecimiento de la actividad portuaria en todo el estuario y en la región completa”.
Fuente: La Brújula 24
